La Audiencia Nacional insta a citar a la mujer que dijo haber llevado 90.000 euros al PSOE

22 de enero 2025/Agencias

La Audiencia Nacional ha instado al juez que investiga el conocido como caso Koldo a que cite a declarar en calidad de testigo a la mujer que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Madrid y a su hija.

El juez Ismael Moreno, que dirige la parte de la investigación que no afecta al exministro José Luis Ábalos -imputado en el Supremo-, rechazó citar a ambas y solicitó a la Guardia Civil que verificase si en los dispositivos intervenidos «existe algún dato que permita corroborar» sus manifestaciones.

Tanto él como la Fiscalía consideraban que la declaración que prestó esta mujer, Carmen Pano, a un medio digital y que apuntaba a esa supuesta entrega de dinero «entra en contradicción» con un informe policial que obra en la causa y que se basa en el contenido de las evidencias digitales intervenidas.

Sin embargo, la sección segunda de lo Penal ha revocado esta negativa del juez, en atención a un recurso de una de las acusaciones populares, el partido Iustitia Europa, y ha instado al magistrado a citarla tanto a ella como a su hija como testigos en la investigación que gira en torno al cobro de comisiones en contratos públicos de mascarillas en 2020.

Lo hace en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que considera que sus declaraciones pueden ser útiles para esclarecer los hechos, «toda vez que ambas están relacionadas con alguno de los investigados principales».

Explica que «el hecho de que alguna de las testigos propuestas pudiera adquirir la condición de investigada a tenor del contenido de su declaración no es óbice para que se acuerde su declaración en calidad de testigo» y sostiene que la corroboración de sus manifestaciones acordada por el juez debería ser posterior a que declaren en sede judicial.

Esta mujer, investigada en la causa del supuesto fraude del IVA de hidrocarburos, asoció en declaraciones a un medio digital la supuesta entrega de dinero en Ferraz en octubre de 2020 con una orden o encargo del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, para que la empresa Villafuel obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos.

Por estas manifestaciones, el PSOE presentó una demanda de conciliación, previa a una querella por calumnias contra la mujer, y recordó que el PP ya interpuso una querella por financiación ilegal, donde incluían estas supuestas entregas de dinero en Ferraz, que fue desestimada por la Audiencia Nacional.

En su recurso de apelación, Iustitia Europea manifestó su sospecha de que el PSOE, a través de su personación en los caso Koldo e Hidrocarburos, pudiera «estar intentando obtener acceso privilegiado a información procesal sensible para desviar la atención sobre su supuesta implicación en los hechos investigados» y, en concreto, de ese supuesto pago de 90.000 euros del que «existe un acta notarial».

«Consideramos que la prueba solicitada ostenta absoluta pertinencia» para «acreditar la comisión de presuntos delitos donde, además, supuestamente podría estar incursa una de las acusaciones populares, el PSOE», alegaba esta acusación popular.

Para esta asociación las presuntas entregas de dinero en la sede del PSOE, en octubre de 2020, «refuerzan la hipótesis de que ciertos miembros del partido habrían tenido supuestamente conocimiento o participación en operaciones ilícitas relacionadas» con los hechos investigados.

A su juicio, «la relación entre Carmen Pano y su hija Leonor María González Pano, sumada a las transferencias de dinero y bienes entre las sociedades de ambas, constituye un nexo de interés procesal que debe ser investigado sin interferencias que puedan surgir de la personación del PSOE».

Expone el recurso que De Aldama, según las investigaciones, fue quien introdujo a Pano y a su hija «en trámites con el Ministerio de Industria para obtener la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel».

En ese contexto, Pano afirmó en declaraciones a El Español y The Objetive, ratificadas ante notario, que entregó esos 90.000 euros por encargo de De Aldama, hecho que, según Iustitia Europea, «conecta directamente con la hipótesis de una supuesta financiación irregular» del PSOE.

Además, la empresa Have Got Time, administrada formalmente por Leonor María González Pano, aparece en operaciones financieras claves relacionadas con el chalet de La Alcaidesa, con el que supuestamente la trama premió al exministro José Luis Ábalos, y las licencias investigadas.