La Audiencia Nacional juzga al abogado de Puigdemont junto a Sito Miñanco por blanqueo

17 de Noviembre 2024/Agencias
Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, se sentará desde este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional junto al histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, por presunto blanqueo de capitales en la «Operación Mito», relativa a la introducción de casi cuatro toneladas de cocaína.

El juicio, que está previsto que se prolongue hasta el 30 de enero de 2025, reunirá a casi medio centenar de acusados en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

Esta será la segunda vez que Boye se enfrente a un juicio como acusado en la Audiencia Nacional. El primero resultó en su condena a 14 años de prisión, en 1996, junto a otros dos miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno por colaborar con ETA en el secuestro del industrial español Emiliano Revilla.

En esta ocasión, la Fiscalía Antidroga pide para él 9 años y medio por supuestamente blanquear beneficios de operaciones de narcotráfico de Sito Miñanco, al que hasta el momento de su detención representaba como letrado.

Para el narcotraficante gallego, Antidroga solicita una pena de 31 años y medio de prisión por dirigir presuntamente una red que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, y el pago de una multa de más de 950 millones de euros.

Le acusa de un delito contra la salud pública, otro de blanqueo de capitales y otro continuado de falsificación.

Por estos dos últimos delitos el fiscal acusa también a Gonzalo Boye y le reclama al menos 3,1 millones de euros de multa, por contribuir, junto a otros dos abogados, a acreditar el origen lícito de los 889.620 euros, que incautaron al entramado el 6 de febrero de 2017 a través de contratos de compraventa de letras de cambio.

Ese día varios de los investigados – presuntos correos que Sito Miñanco utilizaba para enviar el dinero a Colombia- fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas (Madrid) cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.

En la estrategia para acceder al dinero incautado confeccionaron una serie de documentos para simular unas operaciones de compraventa ficticias «y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia», expone el fiscal.

Por estos hechos, la Secretaría General del Tesoro impuso a estos abogados una multa por infracción grave tipificada en la Ley de Prevención del blanqueo de capitales.

En el momento en el que se iniciaron las pesquisas, en febrero de 2016, Sito Miñanco se encontraba cumpliendo una condena de 16 años y 10 meses de prisión por un delito contra la salud pública, en régimen de tercer grado, que le permitía trabajar en un parking de Algeciras.

Sin embargo, el fiscal tiene claro que «su única y verdadera actividad profesional» seguía siendo el narcotráfico hasta tal punto de que éste era «su ‘modus vivendi’ de manera continuada y estable» y por ello «mantenía sus contactos y la confianza de las organizaciones suministradoras de la droga en Suramérica y disponía de la logística material necesaria para acometer estas operaciones».

Fruto de la investigación desplegada, los investigadores consiguieron identificar dos operaciones concretas a través de las cuales Sito Miñanco «y el entramado que lideraba pretendía introducir enormes cantidades de cocaína en España»: una de octubre de 2017 cuando se transportaba 3,3 toneladas de cocaína y que acabó con la detención de siete tripulantes, y otra un mes después, cuando se consiguió la aprehensión de un contenedor de cocaína en Holanda que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.

Antidroga destaca la «naturaleza eminentemente personalista» de Prado Bugallo dentro de la organización aunque, para no levantar sospechas y dado que tenía limitados sus desplazamientos al estar cumpliendo condena, se sirvió, dice, de dos personas de su máxima confianza: Luis Enrique García Arango, alias «Alan» o «El viejito», y Juan Antonio Fernández, alias «Chus» o «Nuria», a quienes confió «los pormenores de las distintas operaciones criminales».

Para García Arango el fiscal pide 22 años de prisión y 17 y tres meses para Fernández.