La Fiscalía rechaza enviar a Suiza el escrito de los fiscales que imputaba a Puigdemont

01 de marzo 2024/Agencias
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión del juez Manuel García Castellón de remitir a Suiza el escrito de los fiscales del Supremo que situaron al expresident catalán Carles Puigdemont como líder de Tsunami Democràtic, posición que después no fue asumida por el Ministerio Público.

La teniente fiscal del Supremo, al fijar la posición final de la institución en el caso, consideró que no había indicios suficientes para atribuir ningún delito a Puigdemont, una tesis que no ha acogido finalmente el alto tribunal, que este jueves ha decidido por unanimidad abrir causa penal para investigar al expresident y al diputado del Parlament Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo.

Antes de que esto sucediera, el juez que inició las pesquisas de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, solicitó a la Fiscalía que le enviase el documento en el que la mayoría de fiscales de Sala del Supremo veían indicios de terrorismo contra Puigdemont.

Una decisión que ha recurrido el fiscal que, junto a este juez, lleva investigando el caso desde 2019. Miguel Ángel Carballo recuerda en su recurso que la Fiscalía del Supremo no ha respondido formalmente a la petición de García Castellón, y pide que no se envíe a Suiza un documento «apócrifo», sin firmas, «no autenticado ni remitido por los cauces oficiales» a la Audiencia.

Hace esta advertencia tras tener conocimiento de que el juzgado ha pedido que se traduzca ese documento para remitirlo a las autoridades suizas.

Carballo recuerda «el principio de unidad de actuación del ministerio fiscal, órgano constitucional único para todo el Estado, cuyos integrantes actúan como una misma persona a través de sus órganos propios».

García Castellón decidió enviar a Suiza el escrito de los fiscales que vinculaban a Puigdemont con posibles delitos de terrorismo en el marco de Tsunami Democràtic después de que las autoridades de ese país le pidieran información adicional para verificar si su solicitud «tiene carácter político», lo que, según apuntaban, les impediría conceder la asistencia judicial que solicitaba.