La ley que permite la excarcelación anticipada de varios etarras será aprobada este lunes

13 de Octubre 2024/Agencias
El proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, que permitirá la excarcelación de varios presos etarras antes de lo previsto, termina este lunes su tramitación parlamentaria, previsiblemente con el voto en contra de la mayoría del Senado, a pesar de lo cual será publicada en el BOE.

La polémica reforma ha provocado un duro enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, que la apoyó en el Congreso y que no ha presentado enmiendas en el Senado, pero acusa al Ejecutivo de incluir «de tapadillo» la enmienda de Sumar que suprime un artículo y la disposición adicional de la actual norma que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

Desde el Ejecutivo, por su parte, defienden que el PP conocía lo que votaba y que el texto -que es la transposición de una directiva europea- es el mismo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.

Entre tanto, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha pedido dimisiones por la aprobación en el Congreso «sin leerla» de la reforma que beneficia a presos de ETA, porque «solo con las disculpas no vale» y ha enviado una carta al presidente del Gobierno en la que expresa su devastación e indefensión.

Otras, como la Fundación Fernando Buesa, en memoria del vicelehendakari socialista asesinado por ETA, ha pedido «sosiego, sensatez y, sobre todo, respeto» hacia las víctimas del terrorismo tras la exhibición de fotos de víctimas socialistas de ETA, incluida la de Fernando Buesa, por parte del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

El proyecto de ley fue debatido y aprobado por unanimidad en el Congreso y pasó por el Senado sin que ningún grupo introdujera vetos ni enmiendas, con lo que la votación de mañana es testimonial y, aunque no cuente con los apoyos de la mayoría de la Cámara Alta, será aprobado.

Marimar Blanco, hermana del concejal del PP asesinado por ETA en 1997 Miguel Ángel Blanco, será quien intervendrá el lunes en el debate plenario para mostrar la oposición de su formación a la reforma.

El PP ha intentado evitar que esto sucediera y ganar tiempo para presionar al Ejecutivo y convencerle de retirar la ley. Por eso, el pasado martes -día en el que estaba previsto que se aprobara el texto- solicitó al Pleno del Senado que se retirara ese punto del orden de día.

Así ocurrió, pero la tramitación de urgencia de la ley ha obligado a la Cámara Alta a fijar para este lunes el nuevo y definitivo debate del proyecto de ley.

Vox por su parte registró el viernes en el Senado un escrito de reconsideración dirigido a la Mesa parlamentaria para que, de forma extraordinaria, conceda una habilitación de plazo por circunstancias excepcionales para poder enmendar la reforma de la ley de antecedentes antes del pleno. Propone hacer uso del artículo 135.6 del Reglamento, el cual faculta a la Mesa para acordar modificaciones en los plazos en determinadas circunstancias.

Si no hay novedades, la reforma de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, que traspone una directiva europea, será aprobada este lunes y posteriormente publicada en el BOE.

A partir de ese momento, será cada preso afectado por la norma quien tendría que solicitar a la Audiencia Nacional que vuelva a calcular su salida de prisión, una decisión que puede ser recurrida por la Fiscalía y las víctimas personadas en cada causa.

En febrero de 2022, la AVT presentó un dossier de los entonces 48 etarras que podrían verse beneficiados de un eventual cambio legal.

Dos años y medio después, cuatro han salido en libertad tras cumplir íntegramente su pena, pero otros 44 que han estado encarcelados en Francia podrían ver acortada su estancia en prisión con la nueva ley, además de que podrían acceder al tercer grado y a la libertad condicional antes.

No sería el caso del exjefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. La Audiencia Nacional ya tuvo en cuenta en 2014 la pena impuesta por un tribunal francés al acumular sus condenas, de modo que previsiblemente este reforma legal no implicaría su salida de prisión antes de tiempo.