La pareja de Ayuso alega que la ampliación de su investigación invalida el fraude fiscal

04 de marzo 2025/Agencias
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha pedido dejar en suspenso la rama principal de su investigación, centrada en un presunto fraude a Hacienda, hasta conocer el desenlace de la pieza separada que este lunes ha avalado la Justicia y hasta que se determine si los ingresos de su empresa tuvieron un origen ilícito.

Porque, en el caso de que los ingresos obtenidos por Maxwell Cremona con origen en Quirón Prevención, «tuviesen un supuesto origen ilícito» no serían objeto de tributación alguna y, por tanto, tampoco de fraude fiscal, argumenta la defensa de González Amador en un escrito, al que ha tenido acceso EFE.

Horas después de que la Audiencia Provincial de Madrid desestimase su recurso y respaldase la decisión de la jueza de investigar en una pieza separada otros posibles delitos del empresario, como una presunta corrupción en los negocios, González Amador ha presentado dos escritos ante el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid.

En uno de ellos se ofrece a declarar voluntariamente en el marco de esa pieza separada, y en el otro solicita suspender la rama principal del procedimiento «al resultar incompatible la existencia de delito fiscal alguno» con el supuesto origen delictivo de los ingresos.

Explica además en este segundo escrito que si se eliminasen esos fondos de origen presuntamente delictivo de la tributación, la cuota supuestamente defraudada no llegaría a los 120.000 euros, umbral legal para ser considerado delito.

Es decir, que la investigación de la pieza separada «resulta incompatible con la existencia del delito fiscal considerado en el procedimiento principal». «En otros términos: las hipótesis consideradas por la pieza separada son incompatibles con el delito fiscal considerado», añade.

Además de declarar «tan pronto lo permita la agenda del juzgado» en esa pieza separada, el empresario ha solicitado expulsar de la misma a las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Más Madrid, que fueron las que solicitaron su apertura.

González Amador se acogió la semana pasada a su derecho a no declarar, al alegar que estaba pendiente la resolución de la Audiencia Provincial sobre la ampliación de su investigación.

La rama principal de la causa se centra en un presunto fraude fiscal de 350.951 y falsedad documental, y la pieza separada en la posible utilización de una sociedad pantalla para «ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados» por Maxwell Cremona, y en el presunto pago de 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la adquisición de una empresa en 2020, una operación en la que ve una posible «comisión encubierta».

La Fiscalía considera que es necesario investigar un posible delito de corrupción en los negocios, al que las acusaciones suman otro de administración desleal.

Además de González Amador, el pasado 24 de febrero también se acogieron a su derecho a no declarar los otros cuatro empresarios investigados en esta causa por intervenir, presuntamente, en un entramado de facturas falsas con el objetivo de aminorar la cuota a tributar.