La solidaridad impuesta

Casimiro Curbelo

Tras un año y medio de idas y venidas, de acusaciones cruzadas y de posturas encontradas, parece que la luz se ve al final del túnel. Lo vivido en este tiempo con la acogida y distribución de los menores migrantes no acompañados se ha asemejado más a lo que representa la mala política que a lo que debe ser el interés general y, sobre todo, la garantía de una buena atención a estos chicos y chicas que arriesgan su vida en el Atlántico.

Lo acontecido en Canarias en todo este tiempo es la prueba de que la crisis migratoria ha caído, casi en solitario, en las espaldas de una comunidad autónoma que, desde el principio, alertó de las limitaciones de sus servicios de atención y del riesgo de desbordamiento de la capacidad para dar respuesta a esta situación que afecta a más de 5.800 menores. En pocas palabras, nos quedamos solos para afrontar una cuestión que trasciende más allá de esta tierra, y que debería ser un asunto de Estado y del conjunto de la Unión Europea.

Hay que reconocer que el camino hasta este punto, tras la aprobación del Real Decreto Ley, acordado por el Consejo de Ministros de esta semana, no ha sido un camino de rosas. Todo lo contrario. Primero, buscando la mejor fórmula jurídica; después, atendiendo a la petición de financiación por parte de las comunidades autónomas y, más tarde, intentando lograr una mayoría parlamentaria suficiente para que el Congreso de los Diputados diera luz verde al texto.

Es justo reconocer que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha llevado este asunto de forma exquisita, para que hoy los avances sean palpables. Hay que agradecerle a él, a sus grupos de trabajo, a la base de consenso generada desde Canarias y también al ministro Ángel Víctor Torres haber llegado a un buen punto de partida.

En política, como en la vida misma, hay que tener habilidades para comprender, respetar y ceder cuando toca. Negociar desde el sentido común y velar porque por encima del interés de un partido político para lanzar mensajes, está solucionar el grave problema que padece Canarias. Sin embargo, he sido testigo de cómo este principio se ha resquebrajado en ocasiones, y me avergüenza observar cómo se sigue colocando antes la postura egoísta de formaciones políticas que la realidad social de un territorio.

Esta forma de actuar nos coloca en un callejón de reproches que a nadie beneficia, y ver cómo algunas comunidades se afanan en anunciar recursos al texto normativo o posturas de rechazo a la recepción de menores en sus territorios, afea, una vez más, la oportunidad que tenemos por delante de ser una referencia en gestión migratoria y, sobre todo, de buena política. Una pena. Me quedo con la certeza de que, al menos, la solidaridad impuesta permita dar oxígeno a la grave situación que padece Canarias.

Aún así, la gestión migratoria no puede quedarse solo en respuestas coyunturales. Es imprescindible un plan estructural a medio y largo plazo que refuerce la cooperación con los países de origen, que garantice una atención digna a los menores y que distribuya de manera equitativa las responsabilidades entre todas las comunidades autónomas. Además, la Unión Europea no puede seguir mirando hacia otro lado. Es necesario que se implementen mecanismos de apoyo financiero y logístico que permitan a territorios como Canarias no verse desbordados por una crisis que afecta a todo el continente.

No se trata de un problema exclusivo de Canarias ni de España, sino de un fenómeno global que requiere respuestas globales. La migración es una realidad que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y seguirá siéndolo en el futuro. Lo que marca la diferencia es cómo decidimos gestionarla: con humanidad, responsabilidad y una visión política que vaya más allá de los intereses partidistas. Esperemos que este nuevo marco legal sea el inicio de un camino más justo y solidario para todos.