Las consultas de los jueces a Europa por la amnistía amenazan con paralizar su aplicación

08 de marzo 2024/Agencias

Las cuestiones prejudiciales que planteen los tribunales ante la justicia europea por la ley de amnistía amenazan con paralizar su aplicación, aunque las órdenes de detención quedarán sin efecto y las causas abiertas por el ‘procés’ en suspenso una vez la ley entre en vigor, previsiblemente a finales de mayo.

Fuentes jurídicas consultadas, dan por hecho que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que tienen en sus manos las principales causas contra los líderes independentistas, no tardarán en elevar sus dudas sobre la amnistía al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europa (TJUE), a través de cuestiones prejudiciales.

Es probable que a esas consultas se sumen las de otros tribunales de menor rango que llevan causas vinculadas con el ‘procés’ -muchos jueces están a la espera de que sea el Supremo el que mueva ficha con la amnistía-, pero aún así los independentistas confían en que antes del verano se pueda aplicar la ley a algún encausado, no de los implicados en los casos mediáticos.

¿Cuándo se podrá aplicar la amnistía?
La ley de amnistía podría entrar en vigor a finales del próximo mes de mayo o principios de junio, en plena campaña de las elecciones europeas.

Primero tendrá que superar un tortuoso trámite en el Senado, donde el PP, con mayoría absoluta, ha anunciado su intención de ralentizar la aprobación de la ley por considerarla inconstitucional, aunque como mucho podrá dilatar la norma unos dos meses.

La ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, desde entonces, los tribunales deberán aplicarla con carácter «preferente y urgente» en un plazo máximo de dos meses.

La entrada en vigor comportará que queden sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, tanto nacionales como internacionales, y el alzamiento de las medidas cautelares que pesen sobre los amnistiables, incluso en los casos en que se presenten recursos o cuestiones de inconstitucionalidad contra la ley.

La justicia europea y el Constitucional
La justicia europea tendrá que pronunciarse sobre la ley de amnistía si, como todo apunta, los tribunales españoles elevan cuestiones prejudiciales para determinar si la norma encaja en el derecho de la Unión, especialmente en los dos delitos amnistiables que suscitan más dudas entre la judicatura: el terrorismo y la malversación.

La cuestión prejudicial implica la suspensión inmediata de la aplicación de la ley de amnistía -aunque solo en el caso concreto que haya suscitado las dudas del tribunal-, pero al mismo tiempo ata de manos a los jueces que la planteen, que no podrán seguir practicando diligencias en relación con el procedimiento en curso.

El cruce de la ley con las cuestiones prejudiciales puede propiciar una suerte de limbo legal para los amnistiables: el expresidente catalán Carles Puigdemont, por ejemplo, podría regresar a España sin órdenes de detención vigentes, pero a la vez sin la garantía de haber sido exculpado por la medida de gracia.

De ahí que las defensas de los encausados aconsejen cautela antes de aventurarse a dar pasos adelante sin el blindaje de la ley de amnistía.

También el Tribunal Constitucional tendrá que analizar si la ley es acorde a la Carta Magna: PP y Vox han anunciado ya que presentarán recursos de inconstitucionalidad contra la norma y también podrían hacerlo los jueces que alberguen dudas sobre la legalidad de la medida de gracia.

Los recursos de los partidos no paralizan la ley, aunque pueden solicitar al Constitucional que la suspenda cautelarmente mientras resuelve sobre el fondo de la cuestión. En cualquier caso, el tribunal no piensa demorarse en su dictamen sobre la amnistía, un asunto que considera prioritario por su calado político.

¿Blindaje jurídico?
Los partidos independentistas están satisfechos con el redactado de una ley que creen blinda jurídicamente el borrado de delitos para los encausados por el ‘procés’, sin fisuras que permitan a los jueces sortear la amnistía con interpretaciones «retorcidas» de la norma.

El papel de los jueces ante la amnistía sigue despertando, eso sí, suspicacias entre los partidos independentistas, que se felicitan por una ley que, sostienen, ampara a los centenares de encausados por el ‘procés’ y avisan: cualquier contratiempo en su aplicación será únicamente achacable al poder judicial.

Y es que la futura ley deja en manos de los órganos judiciales la función de identificar a las personas que deban beneficiarse de la medida de gracia -tras lo que deberán zanjar la causa penal en cuestión, de oficio o previa consulta a acusaciones y defensas-, lo que puede resultar clave al aplicar la amnistía en ciertos casos que se mueven en los límites del ‘procés’.