Los veterinarios aseguran que la norma sobre medicamentos pone en peligro la salud pública
15 de febrero 2025/Agencias
La profesión veterinaria española ha pedido al Gobierno que modifique la actual normativa que regula la prescripción, dispensación y uso de medicamentos para animales porque restringe «injustificadamente» el acceso a tratamientos, «poniendo en peligro su estado sanitario, bienestar y la salud pública».
La asamblea general de presidentes del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España se ha reunido este viernes en Madrid para analizar el Real Decreto 666/2023 sobre medicamentos veterinarios que obliga, por ejemplo, desde el 1 de enero pasado el registro oficial a través de la herramienta PresVet de todos los antibióticos que se prescriban a las mascotas.
En un comunicado, han destacado su compromiso con un «uso racional y sostenible» de los medicamentos, y en concreto de los antibióticos, pero creen que la norma vigente «limita esencialmente la actividad del veterinario (…) a la hora de prescribir medicamentos en base a la evidencia científica y al propio juicio del profesional».
En cuanto a la obligación de usar PresVet, creen que es «perfectamente posible y absolutamente imprescindible» una moratoria porque es un sistema «rígido e ineficaz» de notificación y existiendo, además, el sistema para la Vigilancia del Consumo de Antimicrobianos (Esuavet).
También han reclamado la derogación del régimen sancionador relacionado con las notificaciones a través de Presvet sustituyéndolo por uno nuevo «que respete y garantice la proporcionalidad» de las sanciones.
Por otro lado, ven necesario habilitar legalmente a los veterinarios para la venta al por menor «de todos y cada uno» de los medicamentos necesarios para la atención de sus pacientes; y han vuelto a reclamar una reducción del IVA, que actualmente está al 21 %.
Por todo ello, la asamblea general ha decidido adoptar «todas» las medidas posibles a su alcance «(incluido el apoyo a eventuales movilizaciones)» con el fin de conseguir una normativa «adecuada a la realidad veterinaria y que permita su labor facultativa».