Magistrado alerta de la impunidad creada por el TC al rebajar las penas de Chaves y Griñán
18 de Julio 2024/Agencias
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo, uno de los cuatro que han discrepado de rebajar las condenas de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha alertado de que las sentencias dejan «impunes» graves conductas de políticos y suponen una merma en la lucha contra la corrupción.
En sus votos particulares contra las sentencias que estiman parcialmente los recursos de los dos históricos exdirigentes socialistas, Enrique Arnaldo advierte de que la decisión de la mayoría del TC sobre el caso de los ERE «hace tambalearse los pilares básicos del Estado de Derecho» y convierte al tribunal en «una nueva instancia revisora» que «revalora a su libre arbitrio las pruebas practicadas» en el juicio.
Arnaldo es uno de los cuatro magistrados conservadores que han discrepado con la mayoría del sector progresista que ha acordado anular los seis años de cárcel por malversación de Griñán y de ordenar a la Audiencia de Sevilla que rebaje su inhabilitación y la de Chaves.
Esta decisión, en opinión del magistrado, contrasta con «el esfuerzo de la Unión Europea por eliminar márgenes de impunidad para prevenir la corrupción política».
Deja -dice- sin efecto el reproche penal de las sentencias de la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, «transmitiendo así a la ciudadanía que la corrupción política es un medio válido de actuación de los poderes públicos, mientras lo hagan bajo la pretendida cobertura formal de un artificio legal ideado precisamente por aquellos que pretendían eludir el control del gasto público».
Porque, para este magistrado, el TC ha erigido la ley de presupuestos andaluza en un «tótem poderoso que habilita a la administración para operar libérrimamente» cuando esta simplemente habilitaba unos créditos para unas ayudas, pero no prejuzgaban el modo en que debían concederse.
También su compañero Ricardo Enríquez cree que el TC debió mantener las condenas porque, en el caso de Griñán, era inherente a sus cargos «velar por la integridad» de los fondos públicos y acusa a la mayoría de exigir como prueba, «de manera selectiva y voluntarista», la acreditación de que el expresidente andaluz conocía el uso ajeno o desviado de tales fondos.
Ambos reiteran que el TC se ha atribuido funciones propias del Supremo al revisar esta sentencia, actuando como un tribunal de instancia y advierte Arnaldo de que la sentencia «desapodera al Estado del instrumento más eficaz en la lucha contra el fraude y la corrupción política institucionalizada».
Este último también reprocha el «apresuramiento» del tribunal a la hora de dictar las sentencias y denuncia que ninguno de sus argumentos ha sido rebatido o contestado y que «ni siquiera una coma de las iniciales sentencias de esta serie ha sido cambiada de sitio».
