María Fernández traslada a cabildos y a ayuntamientos las gestiones con el Estado para agilizar los pagos de las subvenciones al transporte de viajeros

07 de Noviembre 2024

Tras los últimos encuentros mantenidos entre el Ejecutivo y el Ministerio, el Consejo de Ministros aprobaba ayer la transferencia de 47,5 millones de euros para financiar el transporte público regular de viajeros por carretera

La directora aclara que aún queda pendiente la partida para subvencionar la gratuidad del transporte, que las Islas esperan recibir antes de finalizar el mes de diciembre

La Mesa Interadministrativa del Transporte también ha abordado el desarrollo del proyecto para establecer un registro de operadores, así como diferentes asuntos relacionados con la modificación de la ley del transporte del año 2007

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha convocado esta mañana en Tenerife a los miembros de la Mesa Interadministrativa del Transporte, para trasladarles, entre otros asuntos, las gestiones que está realizando su departamento para agilizar los pagos de las subvenciones al transporte de viajeros.

María Fernández ha explicado que, tras las reuniones mantenidas con el Ministerio en los últimos meses, por fin el Consejo de Ministros aprobaba en la sesión de ayer martes la transferencia de 47,5 millones de euros al Ejecutivo canario para subvencionar el transporte público regular de viajeros en el Archipiélago.

“Por fin vemos el resultado de las continuas reuniones y presiones de esta Dirección General de Transportes y Movilidad al Ministerio. Precisamente, la pasada semana les trasladamos la necesidad de que esos fondos llegasen cuanto antes, ya que se estaba generando un tensionamiento del servicio, además de un encarecimiento de su prestación, ya que las concesionarias están recurriendo a créditos bancarios para sostener el sistema”, ha explicado.

Respecto a la continuidad de la gratuidad del transporte, ha matizado que dependerá de si hay una nueva ley de presupuestos o una prórroga de las cuentas del Estado. “Ya sea una herramienta u otra, el Gobierno de España nos ha garantizado que va a haber presupuesto para la gratuidad el año que viene. Si hay prórroga, tenemos una partida presupuestaria garantizada de 81 millones, y si hay unos nuevos, que sería el escenario ideal, habría una partida actualizada conforme al coste real”, ha explicado.

En este sentido, ha incidido en que, independientemente del escenario, el Gobierno de Canarias seguirá defendiendo que el Estado soporte la totalidad del coste del servicio, “ya que se trata de una política estatal, que el Estado paga, sea el coste que sea, en el resto de Comunidades Autónomas, no así como en Canarias, donde los cabildos están asumiendo el margen que ha supuesto el incremento del número de viajeros”.

Registro de Operadores del Transporte Terrestre

Otro de los asuntos tratados en la mesa interadministrativa ha sido el de analizar el proceso de desarrollo del Registro de Operadores del Transporte Terrestre de Canarias, que fue adjudicado a inicios de este año y que se encuentra en fase de coordinación para conectar los sistemas cabildicios a los del Gobierno de Canarias.

“El primer Registro de Operadores del Transporte Terrestre de Canarias, que será gestionado por la Consejería, será una herramienta útil para el sector, ya que centralizará de forma homogénea todos los datos relevantes y actividades que realizan los operadores del transporte por carretera que trabajan en Canarias”, ha asegurado.

Modificación de la Ley del Transporte

Asimismo, durante la reunión también se han abordado los procesos de reforma legislativa.

Por un lado, se ha tratado el decreto ley de modificación urgente de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que fue publicado en agosto, y que está actualmente en trámite parlamentario. “A la par hemos iniciado la modificación de la ley del 2007, a la que los diferentes representantes del sector han presentado alegaciones y que serán analizadas ahora, para constituir, antes de que finalice el año, el Pleno de la Mesa del Transporte y decidir, en ese momento, qué tipo de reforma y profundidad queremos llevar a cabo”.