Marlaska: el contrato con la trama de Koldo no fue ni el mayor ni el más caro y fue legal
19 de marzo 2024/Agencias
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a defender este lunes el contrato que firmó su departamento con la empresa investigada en el caso Koldo por la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas, ha reiterado que fue legal y que, pese a lo que se ha dicho, ni fue el mayor ni el más caro.
Marlaska ha hecho estas manifestaciones en la Comisión de Interior de Senado, donde ha comparecido para informar de las líneas generales de su departamento, de la política penitenciaria con los presos de ETA y de las actuaciones en materia de inmigración.
Y lo ha señalado en respuesta al senador del PP Luis Santamaría, quien le ha interpelado sobre esa contrataciones que, según el ministro, fueron «absolutamente legales y conformes a una declaración de emergencia para adquirir medios de protección necesarios para que los 180.000 funcionarios ejercieran su trabajo con la máxima seguridad».
No solo para los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, sino también para los funcionarios de Instituciones Penitenciarias que «hicieron un trabajo extraordinario en las cárceles, donde el nivel de contagio fue inferior a la media».
Marlaska ha insistido en que los contratos siempre se hicieron «en parámetros de legalidad y por una declaración de emergencia». Además, fueron fiscalizados por la Intervención delegada de Hacienda y revisado por el Tribunal de Cuentas.
«No hubo ninguna incidencia en su ejecución y (el material) se usó para los fines previstos», ha recalcado el ministro antes de asegurar que también se analizó cuáles eran las empresas susceptibles de traer lo medios a España.
El titular de Interior ha señalado también que «es absolutamente falso» que las mascarillas y los medios de protección que trajo la empresa del caso Koldo fueran más caros que los de otras empresas. Y tampoco fue es la empresa a la que más adquirió ese departamento.
Marlaska ha concluido: se trataba de tener garantías de que se suministraba el material para proteger a los funcionarios y el procedimiento fue de una «legalidad absoluta».
