NC-BC propone modificar la ley canaria de vivienda para que sea un derecho subjetivo

07 de marzo 2025

Carmen Hernández ofrece nueve ejes de actuación que implican una reforma estructural y urgente que fomenta la construcción de alojamientos dotacionales

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) propondrá a los grupos del Parlamento, en el pleno ordinario de este mes de marzo, la aprobación de una nueva ley canaria de vivienda que responda, “de verdad”, a la grave crisis habitacional del Archipiélago y para que el acceso a la vivienda sea un derecho subjetivo que obliga al Gobierno a facilitar una vivienda o una prestación económica. La portavoz parlamentaria en la materia, Carmen Hernández, explicó que la proposición no de ley del grupo canarista ofrece nueve ejes de actuación como la construcción de alojamientos dotacionales para dar una respuesta temporal a personas mayores, sin hogar, jóvenes y colectivos vulnerables.

Carmen Hernández, junto al portavoz parlamentario, Luis Campos, explicaron en rueda de prensa el sentido y objetivo de la Proposición No de Ley (PNL) para Impulsar la Aprobación de una nueva Ley de Vivienda en Canarias ante la dimensión de la crisis, tanto en el mercado del alquiler como de la compra, para familias vulnerables, jóvenes, trabajadores y rentas medias

La diputada canarista afirmó que la iniciativa surge ante la necesidad de dar una respuesta legislativa estructural e inmediata para garantizar el acceso a una vivienda digna tras el fracaso del decreto ley de medidas urgentes del Gobierno presidido por Fernando Clavijo y la decisión de las dos derechas gobernantes de rescatar una medida eliminada en 2007 por promover la especulación y la burbuja inmobiliaria, Se trata de la materialización de la Reserva de Inversiones (RIC) en el mercado libre.

También porque la actual legislación, 21 años en vigor, ha quedado “obsoleta” ante los principales problemas de la actualidad. Carmen Hernández se refirió a los altos precios del arrendamiento y la compra, así como la escasez de inmuebles, especialmente, en las zonas tensionadas. La falta de vivienda protegida que, en las islas, se agrava al ser una de las comunidades con menor inversión en esta modalidad.

Por el gran número de residencias vacías (211.000), continuó Hernández, muchas de ellas retiradas del mercado por la ausencia de incentivos y seguridad jurídica. El crecimiento del alquiler vacacional que reduce la oferta para los residentes y encarece el acceso a un inmueble. El aumento de los desahucios por impago en las islas y la compra especulativa por extranjeros, lo que eleva aún más los precios y restringe más la oferta para las canarias y los canarios.

Ejes de la reforma

La portavoz de NC-BC ofreció nueve ejes a incorporar en la nueva norma, “sin que sean un obstáculo” para que el resto de los grupos parlamentarios presenten sus medidas. La primera, como explicó Hernández, pasa por garantizar el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, es decir, que el Gobierno de Canarias tiene que facilitar una residencia o, de manera subsidiaria, una prestación económica.

En segundo lugar, un aumento de la inversión pública en estas políticas hasta alcanzar, al menos, el 0,4 por ciento plurianual del Producto Interior Bruto (PIB), de la riqueza canaria. En la actualidad, supondrían 216 millones de euros. En tercer lugar, la creación de un registro público de residencias protegidas para mejorar la transparencia. El cuarto eje, y a pesar de que CC, el PP, la ASG y la AHI rechazaron el programa de NC-BC de fomento del alquiler seguro, Carmen Hernández volvió a subrayar la necesidad de fomentar el arrendprensamiento de las viviendas vacías con incentivos y garantías.

La quinta medida pasa por ampliar el parque público, incluyendo la cesión obligatoria transitoria de viviendas vacías de grandes tenedores y el aumento de la fiscalidad a los inmuebles desocupados sin justificación. La sexta propuesta impulsa las cooperativas y los modelos colaborativos. La séptima fomenta la construcción de alojamientos dotacionales para dar una respuesta temporal a personas mayores, sin hogar, jóvenes y colectivos vulnerables.

La octava iniciativa, añadió Carmen Hernández, aboga por la protección frente a los desahucios y el realojo de personas vulnerables. La novena, promueve la coordinación entre las instituciones públicas estatales y canarias para garantizar el acceso a una vivienda digna.

Nueva Canarias-BC enfatiza la necesidad de que los cambios legislativos se tramiten por la vía de la urgencia, pero con el máximo consenso posible para “responder a uno de los mayores problemas” de la sociedad canaria, que “está poniendo en jaque” la cohesión social, territorial y hurtando a los jóvenes la oportunidad de emanciparse y desarrollar su proyecto de vida.

“Esperamos” que, ante la nueva propuesta de NC-BC, el Gobierno de Clavijo sea “sensible”. “Si de verdad le importa” este problema y para que deje de tomar medidas que son “parches”, indicó la parlamentaria canarista. Hernández invitó al gabinete de Clavijo a dejar de utilizar esta crisis “como excusa para poner en marcha otras medidas” más especulativas y que responden a otros intereses que nada tiene que ver con resolver la emergencia habitacional”.