NC denuncia que la subida de sueldos del Gobierno (PSOE, CC y PP) provoca que cobren más del doble que un profesional de la ingeniería o de la medicina

El gobierno local costará a los tacoronteros al año 825,000 euros, un 85% más que el gobierno del anterior mandato

Tacoronte, a 9 de junio de 2027.- El Pleno municipal del Ayuntamiento de Tacoronte aprobó en su última sesión, celebrado este jueves día 6 de junio, solo con los votos a favor del Grupo de Gobierno (PSOE, CC y PP), un incremento de los costes salariales de sus miembros, incorporando en la relación de nóminas a la última concejala que se incorporó después de la renuncia de Martín Luna, en las filas de CC, quien a principios de mandato y hasta su marcha, no recibía asignación alguna.
Tras este acuerdo, la nacionalista Candelaria Regalado pasará a partir de ahora a percibir poco más de 27.000 euros anuales, cuando desde su entrada solo recibía las cuantías compensatorias por su asistencia a diferentes órganos de Gobierno y representación.
Así, Regalado, por su dedicación parcial al 50%, dista mucho en sus emolumentos de sus compañeros de corporación, que reciben al año 43.700 euros (casi un 20 por ciento más que en pasado mandato), así como de lo que cobran los cargos de confianza, contratados por el tripartito y que de media anual ingresan más de 30.000 euros.
Con estos números, las arcas públicas van a pagar al año 825,000 euros al año por 12 ediles y cuatro asesores, el gobierno más caro de la historia de Tacoronte.
Con este nuevo movimiento económico, “adoptado en prejuicio de los tacoronteros y a sus espaldas”, señaló José Daniel Díaz Armas, portavoz de Nueva Canarias, que “representa no solo que éste sea el Gobierno más caro que el Gobierno más caro de la historia del municipio”, sino que, añadió, “representa un desembolso de más de 3.284.000 euros en cuatro años y más de 821.000 anuales”, cifras que consideró “no se corresponden con los resultados por el desempeño de su trabajo”.
El representante de la formación canarista también señaló que, de la comprobación del expediente, se puede deducir que “junto a la alcaldesa, Sandra izquierdo (PSOE), el concejal de Hacienda, el nacionalista Eduardo Dávila, que “computa por el 75% de su jornada, se equipara con la primera edil, cuya hora de trabajo se paga a 40,5 euros y la de los concejales a 30,40 euros”, cifras que, indicó, “simplemente duplican lo que cobra cualquier profesional en el mercado libre”, poniendo como ejemplo “los 14,6 euros que percibe por hora un ingeniero o los 16,66 euros de un médico”.
Argumentó que “todos estos concejales ganan mucho más que en sus anteriores profesiones, por lo que esto justifica que el pacto solo sigua unido por la argamasa del dinero, que Tacoronte les paga para que se entiendan y paguen voluntades”, mientras que, añadió, “todo el pueblo lo sabe, porque, a cambio no se les atiende”. Díaz Armas aseveró que “se trata de meter el dinero en sus bolsillos, pues si no fuese así, el mensaje sería muy diferente, ya que dirían que, si no se les paga bien, se irían para sus casas”.
Añadió que “no solo se trata de lo que cobran, sino de lo que pagan y como lo hacen”, ya que, según el responsable de Nueva Canarias, “se abona por servicios contratados cuantías que están muy por encima del precio de mercado”, una situación que, ratificó, “pone en evidencia el portal de contratación pública en el que se pueden seguir todos los movimientos, incluso con 30 veces por encima de lo que dicta el mercado”.
Asimismo, rechazó el argumento defendido por el concejal de Hacienda, Eduardo Dávila, en cuanto a la asignación que recibirá a partir de ahora Candelaria Regalado, que avanzó que asumirá las competencias de Protección Civil, señalando que “no hay tal impacto económico, pues asume nuevas competencias y deja de percibir las asignaciones que recibía hasta ahora por acudir a diferentes órganos”. Ante esta respuesta, Díaz Armas le señaló que lo que correspondía por parte de sus compañeros “era un gesto de solidaridad, bien renunciando a las cuantías quienes desempeñaban las nuevas funciones de Regalado o bien recortarse todos el sueldo y compartirlo con la compañera, pero han preferido seguir cargando sus gastos al erario público”.
Cambio del Reglamento Municipal
Por otra parte, y de manera sorpresiva, la división de voto en las filas del Gobierno local, protagonizada por CC, facilitó la aprobación de una moción de VOX en la que se solicitaba un cambio en el Reglamento Municipal, asunto en el que el mayor punto de discrepancia y oposición lo representó la fórmula propuesta para dicha modificación. En este sentido, mientras la oposición defendía llevarlo a cabo a través de una comisión informativa, el tripartito consideraba que lo mejor era una mesa de trabajo.
Sin embargo, la sorpresiva abstención de los 4 concejales del grupo nacionalista desvió la balanza a la propuesta de los partidos en la oposición, con un resultado de 9 votos a favor y 8 en contra (PSOE y PP).
José Daniel Díaz indicó que si bien este reglamento aprobado durante su mandato es susceptible de cambios, indicó que la propuesta de la compañera de Corporación no buscaba su derogación, por lo que, indicó que, más allá de las formas, “también se trata de la intención y la voluntad, por lo que podría partir del Gobierno local su modificación”, señalando que, “para este Pleno los tres partidos gobernantes solo han sido capaces de traer un incremento de la masa salarial, pero no una propuesta en positivo para cambiar algo que ya rechazaban cuando eran oposición”.
No a las faltas de respeto
Asimismo, y de manera conjunta, los 5 partidos de la oposición expusieron un ruego, por medio del cual se ha solicitado al Grupo de Gobierno, ante las referencias directas de las faltas de respeto institucional que se están produciendo hacia estos representantes, tanto en actos públicos como privados, que cese esta actitud y las actuaciones con “prepotencia y beligerancia”.
Este comportamiento en el Grupo de Gobierno, según la oposición, también se aplica con el personal del Ayuntamiento y los ciudadanos en general, “con gritos, faltas de respeto y tonos de voz que no se corresponden con la dirección de una administración pública”, con los que se considera que se atenta contra la privacidad y dignidad de las personas.