Nueva Canarias reclama que se destine al menos un 0,4% del PIB a inversión en vivienda pública

10 de marzo 2025

Proponen que se considere el acceso a una vivienda como un derecho subjetivo público que la administración está obligada a prestar a los ciudadanos y ciudadanas

Plantean urgentes modificaciones de la Ley de Vivienda de 2003 para aumentar su eficacia y enfrentar el problema habitacional de las Islas

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) reclama urgentes modificaciones en la Ley Canaria de Vivienda de 2003 para actualizarla y hacerla más eficaz frente al grave problema habitacional que padecen las Islas. Lo hace mediante la presentación de una proposición no de ley (PNL) que, entre otras medidas, plantea que se reconozca el acceso a una vivienda como un derecho subjetivo público que las administraciones están obligados a prestar a los ciudadanos y ciudadanas. Y que propone, asimismo, que nuestra Comunidad presupueste anualmente al menos un 0,4 % de su Producto Interior Bruto (PIB) en este ámbito, garantizando así un aumento progresivo del parque de vivienda pública, hoy muy escaso.

NC-bc considera que el acceso a la vivienda en las Islas muestra una evolución negativa. Marcada por el crecimiento descontrolado del precio de los alquileres y la escasez de viviendas a un precio asequible (más grave aún en una comunidad con bajos salarios), de manera más aguda en zonas donde el mercado está muy tensionado. En lo que está siendo determinante el fuerte aumento poblacional de las últimas décadas. La única actuación destacable fue el Plan de Vivienda 2021-2025, aprobado en la anterior legislatura, dotado con más de 660 millones de euros y que incluye numerosas actuaciones, entre ellas la construcción de 5.971 nuevas viviendas protegidas para el alquiler.

Vivienda protegida

A los factores señalados se le añade la falta de promociones de vivienda protegida, tanto de carácter social como a precio limitado en alquiler. Nuestra comunidad eS la segunda del Estado que menos vivienda ha construido en las dos últimas décadas. Lo que se convierte en un gran obstáculo para el acceso a una vivienda digna para las familias con menos recursos.

Además, el crecimiento del alquiler vacacional, especialmente en los ámbitos urbanos, está reduciendo de forma considerable la disponibilidad de viviendas para residentes, desplazando a la población local y encareciendo los precios. En algunos de nuestros núcleos poblacionales el número de viviendas vacacionales supera al de alquiler residencial. A lo que se suma la compra de viviendas por extranjeros no residentes con claramente fines especulativos.

Un panorama que se completa negativamente con el hecho de que Canarias lidere los desahucios por alquiler en el Estado español. Aunque se han puesto en marcha distintas medidas estatales de protección, miles de familias se enfrentan a situaciones de desalojo de sus hogares sin que dispongan de una alternativa habitacional. Por ello, es preciso reforzar los mecanismos de mediación y protección para evitar el desamparo de personas y familias vulnerables.

La PNL para la modificación de la Ley de Vivienda de Canarias presentada por nuestro grupo parlamentario contiene actuaciones y medidas a implementar con urgencia ante la dimensión que tiene el problema de vivienda en las Islas. Entre ellas, considerarlo como un derecho subjetivo público que las administraciones deben satisfacer, facilitando el acceso a una vivienda en régimen de alquiler o mediante aportaciones económicas para su arrendamiento.

Además, entendemos que se requiere una apuesta decidida por aumentar el parque de vivienda protegida a través de la promoción, lo que precisa de una financiación estable, plurianual y suficiente. Canarias debe colocarse en inversión en vivienda pública en la media de la Unión Europea, presupuestando anualmente como mínimo un 0,4 % de nuestro PIB, garantizando así un aumento progresivo del parque de vivienda pública. Supondría, en estos momentos, disponer de unos 216 millones de euros anuales.

Vivienda vacía

Por otra parte, y como ya planteamos en una propuesta que rechazaron CC y PP en el Parlamento canario, nos parece fundamental propiciar el alquiler de vivienda vacía. Según el INE hay 210.000 viviendas vacías en nuestra comunidad. Proponemos su compra y, sobre todo, su movilización para incorporarlas al parque público de alquiler asequible. Se trata de fomentar el alquiler de la vivienda vacía, con garantías jurídicas y materiales tanto para el arrendador como para el inquilino.