Observatorio Fiscal de la UE apunta a una tasa a los más ricos para financiar la defensa

17 de marzo 2025/Agencias
El Observatorio Fiscal de la Unión Europea (UE) calcula que un impuesto mínimo del 2 % para los más ricos podría recaudar 67.000 millones de euros en el club comunitario para financiar inversiones en defensa y la reindustrialización, de los cuales 5.200 millones en España.

Un impuesto mínimo del 2 % para los centimillonarios neutralizaría la regresividad de los sistemas tributarios europeos y recaudaría 67.000 millones de euros, estima el Observatorio en un informe publicado en su web y que aplica a los Estados de la UE esta propuesta que lanzó en junio pasado el economista francés Gabriel Zucman por encargo del G20.

Si ese impuesto mínimo a los muy ricos fuese del 3 % haría que los sistemas tributarios europeos fueran ligeramente progresivos y recaudaría 121.000 millones de euros, según el Observatorio Fiscal de la UE, un laboratorio de investigación independiente con sede en la Escuela de Economía de París.

Las tensiones geopolíticas y la rápida fragmentación de las coaliciones diplomáticas plantean una amenaza a las capacidades de defensa y la estabilidad económica de la Unión Europea, particularmente en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, advierte el Observatorio.

Recuerda que el grupo de expertos del laboratorio de ideas de Bruegel calculó recientemente que la UE necesita 250.000 millones de euros adicionales al año para cubrir las necesidades de inversión en defensa, por lo que estima que la recaudación de un impuesto mínimo del 2 % a los ultrarricos sería una cuarta parte de esas necesidades y si fuese del 3 %, casi el 50%.

A las necesidades de inversión en defensa europea se suman las brechas de inversión existentes para financiar la reindustrialización, los bienes y servicios públicos que son clave para garantizar la competitividad de la UE, abordar el cambio climático y la desigualdad, señala el Observatorio Fiscal de la UE.

El informe de Mario Draghi sobre el futuro de la competitividad europea estima que la UE necesita una inversión de 800.000 millones de euros al año para mantener el ritmo de sus competidores.

La Comisión Europea ya ha anunciado un nuevo instrumento que proporciona 150.000 millones de euros en préstamos, además de una relajación de las normas de déficit para el gasto de defensa como parte del plan ‘Rearmar Europa’.

Sin embargo, según el Observatorio Fiscal Europeo, ese instrumento todavía deja una brecha de financiación sustancial que requerirá recursos adicionales, ya sea a nivel nacional o europeo.

Y advierte de que retirarse de los compromisos de inversión existentes para la industria europea, la transición climática y el desarrollo social para financiar las necesidades de defensa correría el riesgo de «debilitar» la posición internacional de Europa.

Estas inversiones no son sólo políticas económicas, sino herramientas estratégicas que mejoran la resiliencia, el liderazgo tecnológico y la influencia global de la UE, subraya.

Por eso, señala que el reto para las instituciones de la UE y los Estados miembros será encontrar vías para aumentar rápidamente los ingresos para afrontar las necesidades urgentes sin socavar el desarrollo económico y la competitividad.

Y recuerda que cuando se enfrentan a un conflicto o a una guerra, los gobiernos europeos históricamente han financiado aumentos en el gasto de defensa mediante una combinación de deuda y aumentos de impuestos a individuos de alto patrimonio.

Así, durante la Segunda Guerra Mundial, tanto Francia como el Reino Unido introdujeron impuestos extraordinarios a los ricos para financiar sus esfuerzos militares: Francia recurrió a impuestos de guerra progresivos y el Reino Unido aumentó significativamente las tasas de impuestos a la renta de los ciudadanos más ricos.

Los impuestos a las personas con un alto patrimonio neto pueden obtener fácilmente el apoyo de los contribuyentes europeos, pues el 67 % apoya estos instrumentos según el Eurobarómetro.

También, añade el Observatorio, fortalecerían el consentimiento fiscal, la confianza en el gobierno y, en última instancia, el modelo social de las democracias de la UE.