Torres confía en que la ley de memoria democrática de Aragón se declare inconstitucional

18 de Junio 2024/Agencias
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que el Tribunal Constitucional haya suspendido la aplicación de la ley por la que se derogó la ley de memoria democrática de Aragón, y ha confiado en que la declare inconstitucional.

La decisión del Gobierno de Aragón «dificulta a las asociaciones el acceso a la subvenciones, no da publicidad de las exhumaciones y no trabaja con la justicia, con la reparación y con la verdad», ha asegurado Torres en Las Palmas de Gran Canaria tras un acto de su partido.

Torres ha asegurado que «son leyes obligadas por Vox» y ha lamentado que no se condene el franquismo, «porque la dictadura el totalitarismo y el franquismo deben ser condenados por cualquier democracia».

El ministro ha invitado al Ejecutivo de Aragón «a que reflexione, porque fue inusual que no quisiera sentarse» a hablar con el Gobierno antes de que este presentase su recurso ante el Tribunal Constitucional.

La decisión del Tribunal Constitucional ha tenido lugar al admitir a trámite el recurso presentado contra la misma por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El pleno del Constitucional ha acordado estudiar el recurso del Ejecutivo central, que considera que la ley aragonesa podría vulnerar los derechos de las víctimas del franquismo, además de ser contraria a competencias estatales, según ha informado el tribunal en un comunicado.

Al haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida de forma automática y temporal esa ley que deroga la norma que estaba vigente en Aragón desde 2018.

La derogación salió adelante en las Cortes de Aragón con los votos de los socios del Gobierno (PP y Vox) y el apoyo del PAR. Posteriormente el Ejecutivo regional ignoró el emplazamiento del Gobierno central a reunirse para encontrar una solución que evitase el recurso al TC.

Además, el pleno del TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PSOE al decreto de la Junta de Andalucía por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración autonómica y el impulso de la actividad económica en Andalucía.

Los senadores socialistas que presentaron el recurso sostienen que el decreto impugnado podría, entre otras cuestiones, infringir el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.