Un 30% de los centros concertados cobra cuotas pese a recibir suficientes fondos públicos

24 de Abril 2024/Agencias
Una «ligera» mayoría de centros concertados, sobre todo los pequeños, cobra cuotas a las familias porque están mal financiados y un 30 %, los más grandes y que más alumnado acoge, lo hace pese a recibir suficientes fondos públicos, pero buscan beneficio económico o la diferenciación de su oferta educativa.

Es la fotografía que refleja el informe «El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas», elaborado por el Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), que por primera vez hace una estimación de la magnitud del sector y combina el gasto de los hogares con las cuentas de explotación de los centros.

Un 30% del alumnado de etapas obligatorias acude a la concertada (privada que recibe dinero público); un 67% a la pública y un 4% a la privada auto-financiada, explica EsadeEcPol, que se basa en microdatos del INE para realizar este trabajo.

Hasta el 95% del alumnado de la concertada paga cuota
Entre el 81% y el 95% del alumnado paga cuotas, de media entre los 680 y 860 euros al año. Ello supone una cuantía total de 947 a 1.186 millones de euros para las etapas de infantil, primaria y ESO.

Uno de los autores del informe y director del área de educación de EsadeEcPol, Lucas Gortazar, subraya a EFE que hay «una situación en la que algunos centros abusan del concierto y otros que no reciben dinero suficiente. Tenemos ambas realidades».

En conjunto, «hay en torno a un tercio de centros correctamente financiados pero que cobran cuotas y de ellos unos pocos que están sobre-financiados».

El resultado «más importante» es que, al contrario que lo que sugiere el debate público, es un sector «más diverso que monolítico, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista del cobro de cuotas y de las razones más probables» por las que deciden hacerlo, ha resumido en rueda de prensa Ángel Martínez, investigador de EsadeEcPol y co-autor del informe.

Un 13% no paga nada y un 18 % menos de 20 euros al mes
Los datos reflejan que hay un 13% del alumnado que no paga cuota en las etapas obligatorias, mientras que un 18% pagan menos de 20 euros al mes. En el lado opuesto, el 10% de alumnado con más cuotas asume el 45% del gasto total.

Además, existen grandes diferencias por riqueza familiar: el 20% de renta más baja abona una media de 310 euros anuales, mientras que el 20% de renta más alta paga cuotas ligeramente superiores a los mil euros.

En cuanto a las comunidades, el grueso de las cuotas (70% del total) se concentra en Cataluña, Madrid y País Vasco, donde más del 90% de las familias que acceden a concertados las abonan; el porcentaje es algo menor en el caso de la Comunidad Valenciana (82%) y se reduce mucho en Andalucía (60%).

La cuota media por alumno al año (solo de las familias que pagan) es de 1.696 euros en Cataluña, 1.156 euros en Madrid, 959 euros en el País Vasco, 597 euros en la Comunidad Valenciana y 453 euros en Andalucía.

Al calcular el resultado económico de los centros, se concluye que la financiación es muy desigual, con un 20% de centros con resultado negativo o esencialmente cero, otro 50% con un resultado positivo e inferior a los 300 euros por alumno/año y un 30% que tienen «una clara situación de sobre-financiación».

Tras recalcar que la probabilidad de cobro de cuotas y su magnitud es mayor en los centros con peor y mejor financiación, y más bajo en la zona intermedia de la financiación, explica que el 90% los centros de mayor tamaño cobran a las familias, mientras que en los medianos y pequeños, la proporción baja a entre un 60% y un 70%.

La partida más significativa del gasto no concertado corresponde a la contratación de psicólogos, directores sin función docente, personal de administración o de servicios generales -más del 40%-, seguido del personal de servicios complementarios (comedor, transporte…, entre un 19-22%).

Razones por las cuales los centros cobran cuotas
Tomando como referencia el resultado económico y sumando un margen de 200 euros por alumno, se diferencian tres situaciones posibles: centros infrafinanciados que cobran para sobrevivir; adecuadamente sufragados que lo hacen para afrontar gastos no concertados y lo bien financiados que cobran por diferenciación de su oferta o beneficio económico.

A partir de esto último segmenta todos los centros en cinco grupos para cada etapa (infantil, primaria y ESO):

• Un 17%, 20% y 19% respectivamente no cobran cuotas y están adecuadamente financiados.

• Un 14,5%, 12% y 14,5% no cobran cuotas y están infra-financiados.

• Un 23% en todas las etapas educativas sí cobran para cubrir el hecho de que están infra-financiados.

• Un 28%, 29% y 28% sí cobran cuotas para cubrir gastos no concertados.

• Un 17,5%, 15% y 15% cobra por diferenciación o beneficio económico.

El sistema actual, agrega, hace que los incentivos a cambiar la situación sean «escasos», en buena medida por la baja inversión pública: la existencia de la red concertada reduce la presión sobre el gasto público, facilita un sistema de selección social para familias de mayor renta a cambio de un copago y garantiza una demanda amplia que asegura la continuidad del sector.

Aviso para navegantes: del concierto pleno al parcial
Tras recordar que en relación a la pública, la concertada acoge en una proporción mucho menor al alumnado de renta baja y migrante, lo cual «daña» la igualdad de oportunidades y la equidad, propone una serie de medidas para garantizar que la doble red no se convierta en un factor de segregación escolar y asegurar la gratuidad del acceso a la educación sostenida con fondos públicos.
Entre ellas hacer un análisis detallado del coste de la plaza escolar en el sector público y concertado en todas las autonomías, y auditar los gastos no concertados.

Gortazar también es favorable a mecanismos que acaben con los conciertos de los centros claramente sobre-financiados y cuyas cuotas son elevadas. «Se les puede plantear periodos de transición para eliminar o reducir sus cuotas».

«En caso de no hacerlo se les podría quitar los fondos públicos o bien hay figuras jurídicas como el concierto parcial que les obliga a subir las cuotas, una medida impopular pero que no compromete por completo la existencia del centro», recalca.

Según las simulaciones realizadas en el estudio por Gortazar, Martinez y el catedrático de la Autónoma de Barcelona Xavier Bonal, esto último permitiría redistribuir el excedente disponible para acabar con la infrafinanciación que afecta a una parte del sector.

Por otro lado, sugiere vigilar el coste del comedor escolar «sistemáticamente más altos que los de los públicos, para evitar que sean una fuente encubierta» de financiación.