Un seminario de Campus América aborda el desafío de estudiar las migraciones climáticas ante la falta de datos

16 de Octubre 2024

Las migraciones climáticas, es decir, los desplazamientos de población originados por un cambio de las condiciones ambientales, es un hecho que se está produciendo y se espera que aumente en el futuro. Sin embargo, resulta complicado estudiarlo ante la falta de datos específicos sobre el fenómeno: por ejemplo, existen estadísticas sobre el número de personas desplazadas a causa de conflictos armados y catástrofes naturales, pero entre estas últimas no todas son de causa climática, como podrá ser el caso de los terremotos. Eso no quiere decir que no se estudie, y ayer, lunes 14 de octubre, el seminario de Campus América denominado “Desplazamientos ambientales, género y territorios vulnerables. Experiencias en Canarias y Latinoamérica” puso ejemplos de trabajos realizados en esta línea. 

El seminario ha sido organizado por la Cátedra Globalizaciones, Migraciones y Nuevas Ciudadanías, coordinado por su directora y codirectora, Carmen Ascanio y Barbara Rostecka, respectivamente, ambas del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna. Como explicó la segunda de ellas durante la presentación, en el seminario se abordaron experiencias en Canarias y Latinoamérica “que se toman en serio el cambio climático teniendo en cuenta los derechos humanos y la perspectiva de género” y planteó que, dada la gravedad de esta problemática, quizá habría que hablar de “refugiados ambientales” en lugar de “desplazados”.

La primera ponente fue Laura Marrero, de la sede uruguaya de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en cuya ponencia “Perspectiva de género bajo el enfoque de riesgos frente al cambio climático: abordajes frente a la movilidad y migraciones climáticos” disertó desde su doble perspectiva como académica y gestora, pues desde hace años es asesora del gobierno de Uruguay en la implementación de la integración de la perspectiva de género en la política climática. De hecho, afirmó que hace años le era fácil separar ambas vertientes, pero ahora están tan imbricadas en su trabajo que las aborda de una perspectiva integral. 

La experta acotó una serie de marcos conceptuales de utilidad para el estudio de las migraciones climáticas con perspectiva de género; el primero de ellos sería la sociología del riesgo, pues se ha asumido que el riesgo es una construcción social: “Ya no viene de amenazas divinas o solamente naturales, hay un factor construido a escala humana, son de carácter antropogénico y provienen de la forma de desarrollo que nos hemos dado en este mundo”. 

Otro de esos marcos conceptuales es la antropología de los estados, que ha cambiado mucho desde que el mundo es un entramado trans-global donde las decisiones de organismos internacionales muchas veces repercuten directamente en el ámbito local, saltándose en muchas ocasiones la instancia estatal, lo que explica que, por ejemplo, existen redes de municipios directamente financiadas desde ámbitos multilaterales. Lo cual no quiere decir que las políticas nacionales hayan dejado de ser relevantes, puesto que la agenda del cambio climático es global y obliga a los estados a ponerse de acuerdo. 

En el análisis del problema del cambio climático, Laura Marrero señaló la importancia de incorporar la perspectiva de género porque existe una serie de discriminaciones sociales estructurales que hacen que los problemas derivados de esa situación sean más graves en el caso de las mujeres. Eso sí, hay que hacerlo desde un enfoque interseccional que no considere a las mujeres como una categoría uniforme, puesto que además del sexo, hay que considerar variables como la raza, el tipo de sociedad en el que se desenvuelven y otro tipo de condicionantes específicos.

Marrero detalló una serie de desigualdades estructurales de género preexistentes muy relevantes, como el trabajo no remunerado, la tasa de desocupación por sexo, o la violencia sexual, con los feminicidios como expresión más cruda. Y con el cambio climático, esas vulneraciones de derechos se acrecientan: por ejemplo, ante un evento de migración por causas ambientales, podría ocurrir que las refugiadas acabaran en otro territorio donde la violencia sexual está más exacerbada. En general, la migración siempre genera nuevos riesgos.

La experta puso en valor la rigurosidad del Grupo Intergubernamental de Expertos  sobre el Cambio Climático (IPCC), un organismo científico de la ONU que recopila todas las evidencias existentes en el mundo de la investigación para elaborar informes publicados cada cierto tiempo. Ha ido adquiriendo legitimidad y los estados, en general, atienden a sus dictámenes, en los cuales también reconocen que existen esos patrones estructurales de desigualdad. En el último que se ha publicado, cita al género en varios de sus capítulos, como los dedicados al agua, alimentos, ciudades y asentamientos, salud y bienestar, pobreza y desarrollo de resiliencia al clima. 

También señalo la relevancia de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que emanan del Acuerdo de París de 2016 sobre el cambio climático y suponen los compromisos que cada país se comprometieron a realizar a partir de 2020 en referencia a la mitigación de los efectos del cambio climático. Inicialmente se iban a referir únicamente a medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero gracias a los países del sur, también incorpora estrategias de adaptación a la nueva situación climatológica.

El Gran Chaco Americano

Otra de las ponencias presentadas en la jornada fue la de Beatriz Felipe Pérez, investigadora en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona de la Universitat Rovira i Virgili y en la cooperativa CICrA Justicia Ambiental. En ella detalló un trabajo de investigación desarrollada entre 2022 y 2024 sobre el Gran Chaco Americano, una amplia zona geográfica que se extiende por territorios de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, caracterizado por su amplia diversidad poblacional, sus profundas desigualdades y porque en él existen grandes comunidades de desplazados que también viven los efectos del cambio climático. 

En general, los cuatro países por los que se expande la consideran un área depauperada y en ella hay grandes tensiones derivadas de la propiedad de la tierra, con grandes tenientes latifundistas expulsado a comunidades que habitaban un terreno sin papeles o con unas escrituras comunes.

La fase de preparación la investigación llevó un año, dada la complejidad del territorio y la diversidad de sus comunidades, lo cual conllevó el envío de cuestionarios a 190 actores de la zona. Seguidamente, llegaron las etapas de documentación, entrevistas estructurada y trabajo de campo, que fue muy intenso porque en equipo de investigación solo dispuso de una docena de días para visitar 18 localidades diferentes, encuestar a 209 personas de 44 comunidades distintas, realizar 8 entrevistas semi estructuradas y organizar 26 grupos focales, lo cual fue todo un desafío: inicialmente eran mixtos pero pronto se comprobó que las mujeres no hablaban, así que acabaron escindiéndolos por sexos para favorecer la participación femenina. En algunos casos incluso hubo que separar los grupos por edad, porque solamente hablaba el cacique más longevo. 

El Chaco Americano tiene una población de 9 millones de personas, 315.000 de ellas indígenas, y también hay población criolla y migrantes europeos. Es un territorio de urbanización creciente y poder económico e influencias políticas desiguales, lo que implica la marginalización de grupos sociales, especialmente los indígenas cuyas tierras han sido acaparadas por los grandes terratenientes. Hay también dificultad de acceso a servicios como la salud, la educación, el agua y la electricidad, así como grandes desigualdades de género y mucha violencia machista. 

Tampoco ayudan las condiciones climáticas extremas, con muchos meses de sequía que contrastan con grades inundaciones, temperaturas altas y elevadas tasas de deforestación e incendios. Ante la falta de datos cuantitativos, las entrevistas fueron útiles para revelar las evidencias claras de migraciones climáticas. Por ejemplo, Beatriz Felipe detalló el caso de una comunidad procedente del altiplano boliviano que se tuvo que ir de su localidad originaria por carecer de titularidad sobre los terrenos y fue relocalizada en la zona de Nueva Esperanza dentro del Chaco, en donde no hay agua. Pasaron de una zona fértil a otra árida a la que no están acostumbrados y deben readaptarse. Una consecuencia de la migración.