Una ONG denuncia a Canarias por su interpretación sobre la tutela de menores migrantes
13 de Septiembre 2024
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un recurso contra la nueva interpretación del Gobierno canario respecto a quién corresponde la tutela de los menores migrantes que llegan por mar a Canarias.
El pasado 2 de septiembre, el Gobierno de Canarias cambió oficialmente su postura tras la celebración de un Consejo de Gobierno y defiende desde entonces que los menores inmigrantes que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son competencia del Estado, por lo que pidieron a las ONG que gestionan los centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso del Ejecutivo.
Tras aquel Consejo, el presidente canario, Fernando Clavijo, precisó que ese acuerdo no significa que Canarias se desentienda de los menores, sino que seguiría ayudando en su acogida siempre que tenga recursos disponibles, pero como forma de “auxiliar” al Estado en su competencia.
Así, en el recurso de la ONG, que data del pasado martes y ha sido avanzado por el diario Canarias Ahora, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado asegura que el acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno relativo a esa nueva manera de entender la competencia sobre los menores migrantes es “contrario a los derechos fundamentales de los menores y del interés superior del menor», especialmente de aquellos cuya acogida pueda ser susceptible de ser rechazada.
Para la Red, el acuerdo, trasladado también a los grupos del Parlamento canario tras una reunión del denominado como Pacto Migratorio, puede generar “un estado de indefensión» en esos niños y adolescentes que llegan solos a Canarias.
“Esta decisión del Gobierno de Canarias no solo incumple la normativa estatutaria sino que es contraria a una gran cantidad de normas internacionales, constitucionales estatales y a la propia legislación canaria”, sostiene el recurso, en un documento en el que se añade que esa decisión del Consejo puede significar «una suerte de cese en los procesos de asistencia de los menores” y “truncar la cadena de tutela y traslado de los menores entre los dispositivos de costa, fiscalía, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los operadores actuales del sistema».
Tras conocerse la iniciativa, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que el acuerdo «vela por la seguridad jurídica del menor» y está avalado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma.
«No se puede entregar un menor con una hoja de albarán, sin una fotografía, sin una reseña, sin una toma de una huella dactilar… Lo que nos preocupa a todos es la seguridad jurídica del menor», ha defendido el presidente autonómico.
Clavijo ha ahondado en que la situación de emergencia «se estaba convirtiendo en una situación de absoluta normalidad».