Unidas se puede exige respuestas para las familias laguneras de Visocan amenazadas con desahucios

11 de marzo 2025

Rubens Ascanio, concejal y coportavoz de Unidas se puede en La Laguna, defenderá en el pleno de este mes una nueva moción en la que demanda que el Ayuntamiento ponga un ultimátum a la empresa pública del Gobierno de Canarias, Visocan, para obligar al cierre de un acuerdo a largo plazo que permita acabar con los incumplimientos de la empresa con las cerca de mil familias residentes en sus promociones laguneras, además de poner fin a las constantes amenazas de desahucio a las que se somete a muchas familias.

El edil señala que la empresa pública del Gobierno de Canarias lleva años ejerciendo una gestión opaca y escasamente colaborativa con el Ayuntamiento a la hora de desarrollar las más de mil viviendas que gestionan en el municipio. Los afectados y afectadas fundamentales son las personas residentes en estas promociones, que sienten una enorme indefensión y que suelen recurrir al Ayuntamiento para la búsqueda de respuestas que solo se pueden dar desde la empresa pública. “Lo vivimos en primera línea en el Gobierno, donde la falta de respuesta impidió concretar propuestas positivas planteadas desde el Ayuntamiento para dar respuestas a largo plazo a la problemática de muchas familias vulnerables”, explica.

Señalan en la moción, de forma destacada, el caso de las 119 viviendas de San Matías. Esta promoción lleva siendo noticia desde 2015, debido a la existencia de un amplio grupo de residentes que no han podido asumir el pago de los alquileres conveniados en su momento, personas que en muchos casos no hubieran entrado en una promoción de alquiler privado bonificado en unas circunstancias normales, pero que en plena crisis de la burbuja inmobiliaria y ante una necesidad de la propia empresa pública, fueron alojadas. Ante el riesgo de un desahucio masivo de familias, en el mandato 2015-2023, se organizó una potente respuesta vecinal de protesta, que llegó al salón de plenos, que generó una búsqueda de alternativas, llegándose a generar, con fecha 22 de junio de 2017, un convenio de colaboración entre Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN) y el Ayuntamiento, para contribuir al pago del alquiler de familias con dificultades económicas, del grupo de 119 viviendas protegidas, por el periodo de tres años, con un coste anual de unos 110.000 euros, que en 2020 se prorrogó.

 Ascanio asegura que, en el mes de diciembre, les llegaron cuatro casos distintos de amenaza de desahucio por parte de Visocan y que, además, existe ya un acuerdo plenario de hace un año donde se tomó la decisión de informar a las familias afectadas e instar a que en la reunión estuviera presente Visocan y el Gobierno de Canarias, que no se ha realizado. El concejal lagunero pide en su moción que antes de finalizar este mes se celebre esa reunión prevista, que se avance en el mantenimiento del convenio que se viene realizando desde 2017 y, además, que se establezca un trabajo para que Visocan se convierta en medio propio municipal, que sirva de instrumento para fijar respuestas a las actuaciones pendientes en La Laguna, en las promociones que entrarían ya a ser propiedad de sus inquilinos y también para la resolución a largo plazo de la situación de aquellas familias que no tienen para hacer frente al coste del alquiler privado. En este sentido recuerda el edil proponente que “en 2022 planteamos al anterior gerente de Visocan la cesión de parte de las viviendas que habían comprado en Los Andenes para la bolsa municipal de vivienda, como medida que pudiera servir para acabar con el riesgo de desahucio de algunas de las familias de San Matías, aunque no prosperó por la falta de interés de la empresa pública canaria”.

Para finalizar, desde Unidas se puede esperan que el alcalde de La Laguna de un golpe sobre la mesa y establezca una hoja de ruta con el Gobierno de Canarias. “Visocan debe dar respuesta y dejar de amenazar a vecinos y vecinas que aceptaron una vivienda y que tienen dificultades para atender los pagos, esta situación no resuelta supone un problema para el ayuntamiento, pero especialmente una espada de Damocles sobre la cabeza de muchas personas”, apostilla.