Víctimas piden el embargo de bienes a 4 exjefes de ETA en la causa de Miguel Ángel Blanco
06 de Mayo 2024/Agencias
La asociación Dignidad y Justicia ha pedido el embargo de bienes a cuatro exjefes de ETA al no haber depositado en plazo la fianza impuesta al ser procesados por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco en 1997.
Se trata de Soledad Iparraguirre, Anboto; Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; José Javier Ruiz Arizkuren, Kantauri, y Mikel Albisu, Mikel Antza, todos miembros del comité ejecutivo de ETA aquel año y a los que el juez ha procesado por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, Dignidad y Justicia recuerda que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordenó a los cuatro en el auto de procesamiento dictado el pasado 25 de abril que prestaran una fianza por importe de dos millones de euros de manera solidaria, «debiendo realizar el pago de la fianza en las 24 horas siguientes a la notificación del referido Auto».
Al haber transcurrido ese tiempo, «sin que por parte de los procesados se haya prestado la fianza requerida», la asociación, personada como acusación en esta causa, pide que se proceda al embargo de sus bienes y que se les requiera «para que señalen los suficientes a cubrir la cantidad señalada en el referido Auto de procesamiento».
También plantea al juzgado practicar las diligencias necesarias «para determinar la verdadera situación patrimonial de cada uno de los procesados» a través de la Oficina de Averiguación Patrimonial a fin de que informe si cada uno de los procesados figuran como contribuyentes por algún concepto y si son titulares de bienes muebles o inmuebles.
Tras meses de una investigación que se reabrió en 2022 tras admitir a trámite una querella de la asociación Dignidad y Justicia, García Castellón procesó a estos cuatro exdirigentes etarras al concluir que la decisión del secuestro de Miguel Ángel Blanco requirió el consenso de la dirección de ETA, pues la repercusión y las consecuencias de un atentado como ese «así lo requería».
La autoría del secuestro y asesinato es, según explica el juez, por omisión ya que los cuatro exjefes de ETA procesados «ostentaban» suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista al haber podido dar al comando Donosti de ETA «la orden expresa y concreta de poner en libertad» a Miguel Ángel Blanco.
A pesar de ello y de las «movilizaciones» de la sociedad, «no lo hicieron», destaca el auto.
